Cristian Cao, abogado constitucionalista, explicó en diálogo con Canal E que la Argentina aún tiene margen para reducir considerablemente el monto que deberá pagar por la expropiación de YPF y ganar tiempo en la negociación.
Chats, mails y privacidad: el punto de conflicto con la justicia estadounidense
El caso por la expropiación de YPF sigue generando repercusiones en la justicia de Estados Unidos. La jueza Loretta Preska solicitó al gobierno argentino el acceso a chats y correos electrónicos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa. “La justicia de Nueva York está tratando de buscar algún tipo de conexión entre los funcionarios y la empresa YPF”, explicó Cao, especialista en derecho constitucional.
No obstante, esa solicitud colisiona con la legislación nacional. “La legislación argentina establece claramente que eso forma parte de la privacidad de los funcionarios”, señaló. Según Cao, los dispositivos no pertenecen al Estado, por lo que “no podrían estar allanando ese tipo de correspondencia, aunque hayan sido funcionarios”.
El caso se encuentra en una etapa clave: si bien la sentencia contra Argentina ya fue dictada, aún resta definir el monto final que debe pagarse, lo que depende de dos factores principales: los intereses acumulados y el tipo de cambio que se tome como referencia. “Para la posición argentina, el monto es mucho menor: alcanza apenas un 10% de los 16.000 millones de dólares”, aseguró.
Estrategia judicial y negociaciones: qué espera Argentina de la Cámara
Actualmente, el foco está puesto en la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que debe resolver si ratifica o modifica la sentencia original. “Si termina siendo una suma mucho menor, alrededor de 1.500 o 1.600 millones de dólares, sería un punto clave para sentarse a negociar de otra manera”, sostuvo Cao.
Un aspecto crítico de la discusión es la posibilidad de pagar en dinero y no con acciones, como estableció inicialmente la jueza Preska. “Si Argentina puede pagar la sentencia en efectivo, eso le permitiría manejar mejor la estrategia de pago”, indicó. La expectativa oficial es que la Cámara introduzca cambios importantes que habiliten otro margen de maniobra.
“Argentina tiene algo para hacer y lo ha hecho en el recurso de apelación ante la Cámara”, afirmó el especialista. Además, enfatizó que la decisión de Preska aún es de primera instancia y por lo tanto apelable. “Todavía me parece que hay un camino para transitar”, concluyó.
El gobierno argentino, según Cao, se mantiene firme en la vía judicial, esperando una resolución que le permita renegociar con mejores condiciones. Mientras tanto, los intereses siguen corriendo, pero el ejecutivo considera que no es momento de acelerar una negociación directa. “Una vez resuelto el monto, creo que el gobierno argentino podría entrar a dar negociaciones de otra forma”, afirmó.
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