No es una novedad que Tucumán, el jardín de la precarización laboral, se encuentra entre las 3 provincias con salarios más bajos del país y los niveles más altos de informalidad laboral. La configuración productiva basada en dos agroindustrias estacionales y la plena libertad que gozan las patronales para violar todas las leyes laborales ha moldeado un mercado laboral que en épocas de crisis se ajusta muy rápidamente bajando salarios y despidiendo trabajadores. El sueño libertario en Tucumán: las patronales gozan de total libertad para explotar sin que el gobierno, ni las burocracias sindicales pongan algún límite.
En los últimos dos años, con Jaldo de gobernador y Milei en la presidencia, el empeoramiento en la situación de los trabajadores es notorio. Los índices de desigualdad social (Gini) se dispararon desde inicios de 2024. El 51% de los ocupados trabajan en negro. El 80% de los asalariados en Tucumán cobran por debajo de la Canasta Básica familiar. En el primer trimestre del año, el ingreso promedio de los asalariados en blanco era de 843.000 pesos y en el caso de los trabajadores en negro (la mitad del total) el ingreso promedio fue de 339.000 pesos. Con los aumentos del 1% mensual, la foto no cambió mucho. La Canasta Básica familiar está en 1,2 millones de pesos (y la Canasta de Consumos Mínimos que mide la junta interna de ATE-Indec está en 1,9 millones).
La peor parte se la llevan las mujeres: la brecha de ingresos en Tucumán es de las más altas, por cada 100 pesos que gana en promedio un hombre, la mujer gana en promedio 70 pesos. La cosa empeora también para la juventud: el empleo en negro en los jóvenes de hasta 29 años llega casi al 70%.
La desocupación alcanza al 7,6% de la población activa y se eleva al 19% para los jóvenes de hasta 29 años. Pero las estadísticas camuflan el impacto de la crisis en el empleo. Un análisis más detallado arroja que desde el último censo, la población asalariada retrocedió del 80 al 70 por ciento de los ocupados, esos 10 puntos, pasaron a ser cuentapropistas. Son los que agarran la moto o el auto y se ponen a hacer de Uber, DiDi o Pedidos Ya; los que sobreviven de changas en la construcción o vendiendo comida.
El Censo 2022 también contabiliza un 3% de los ocupados que son “patrones o empleadores”. Se trata de una ínfima minoría de la población alrededor de la que gira toda la casta política tradicional: peronistas de derecha y “progresistas”, radicales, bussistas y libertarios.
La legislatura provincial ya directamente promulga leyes “con nombre y apellido” para otorgar subsidios y exenciones impositivas a empresarios amigos. Hay leyes de “emergencia” (agrícola, del transporte, del citrus) hechas a medida de estos sectores que se renuevan hace muchos años, una y otra vez.
Mientras tanto, la estructura impositiva provincial se está volviendo cada vez más regresiva. En Tucumán, los kioscos pagan más Ingresos Brutos que las grandes patronales del azúcar y el citrus. De acuerdo al nomenclador de la DGR, la “venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (es decir, kioscos y almacenes) paga una alícuota del 5% sobre sus ventas. Mientras que los ingenios azucareros pagan 1,5% de este impuesto por la venta del azúcar y el bioetanol, y las patronales del citrus pagan 0% (“alícuota cero”) por la venta del limón fresco en el mercado local. Hasta los tambos de la familia Jaldo se benefician con una alícuota del 0,75%.
El gobierno se jacta de que el Presupuesto 2025 contempla exenciones impositivas por 35.000 millones de pesos para los empresarios. Semejante ofrenda equivale a 1 millón de pesos por cada docente de la provincia. Dicho de otra manera: a cada docente de la provincia le cuesta 1 millón de pesos de su bolsillo el regalo que Jaldo le hace a los empresarios. Hasta el año pasado, las patronales del transporte se llevaban 3000 millones de pesos por mes en subsidios directos. Son 36.000 millones de pesos adicionales que se van para sostener un grupo de parásitos que monopolizan un servicio público por el que nada aportan. En total son más de 70.000 millones de pesos que trabajadores y pequeños comerciantes le regalan a un puñado de empresarios. Desde el Frente de Izquierda sostenemos que hay que dar vuelta las prioridades.
Aumento de emergencia para los salarios, jubilaciones y planes sociales
Para enfrentar el ajuste de Milei y Jaldo es necesario ganar las calles e imponerle a las burocracias sindicales la huelga general y tirar abajo todo el plan del FMI. Pero además es necesario que la clase trabajadora ponga en pie una herramienta política propia, un partido de los trabajadores, que tenga un programa alternativo a las salidas patronales frente a la crisis. Desde el Frente de Izquierda creemos que ese programa tiene que partir de una serie de medidas de emergencia, como el aumento inmediato de los salarios y jubilaciones mínimas al nivel equivalente a la Canasta Básica familiar; la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta y el acuerdo con el FMI; etc.
En esta primera nota desarrollamos 3 medidas urgentes para recomponer los ingresos en Tucumán.
1. Aumento salarial de emergencia
Basta de trabajadores pobres. El salario mínimo debe ser equivalente al valor de la Canasta Básica familiar, que hoy se ubica en 1,2 millones de pesos.
Pongamos un ejemplo. La facturación estimada del Grupo azucarero Los Balcanes (de la familia Rocchia Ferro), que produce más de 230.000 toneladas de azúcar al año y más de 100.000 metros cúbicos de alcohol industrial (principalmente). Si este fuera el flujo de ventas, estamos hablando de una facturación anual que rondaría los 100 millones de dólares. Un aumento de 300.000 pesos mensuales para los 1300 obreros de esa empresa, que llevaría a que la categoría más baja alcance un salario de 1,2 millones de pesos, costaría cerca de 5.000 millones al año. Es decir, apenas un 3,5% de la facturación anual.
Para garantizar ese piso salarial en el sector público (docentes, trabajadores de la salud, municipales, etc) hay que establecer impuestos progresivos a los grandes empresarios. Hemos visto que al menos 70.000 millones de pesos se van al año en exenciones impositivas y subsidios directos. Un impuesto del 5% a los ingresos de la venta de azúcar y limones permitiría solventar una medida de estas características.
2. Ley “Vilca” para aumentar y universalizar los planes Interzafra
La agroindustria del citrus en Tucumán es una potencia mundial. Se ubica como la principal exportadora mundial de derivados del limón y un importante exportador de limones frescos. Sin embargo, las condiciones de trabajo para los cosecheros y trabajadores de los empaques es deplorable: cobran a destajo, no tienen salario mínimo garantizado, ni siquiera hay baños en las fincas para los cosecheros. No hay límites a la jornada laboral (en plena zafra, los empaques pueden tener jornadas de hasta 16 horas seguidas). Se les retira la obra social -a toda la familia- cuando termina la temporada. Miles migran al sur como “trabajadores golondrina” donde todos los años llueven las denuncias por el maltrato patronal. Las condiciones de trabajo parecen del siglo XIX. Si hay un sector que merece una “reparación histórica” es el de los trabajadores rurales.
Pero claramente esto no va a venir de los partidos de siempre, que tienen entre sus filas a las mismas patronales, sino con la organización y la lucha de los trabajadores. Y es por eso que con el diputado jujeño del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, presentamos un proyecto de ley para universalizar los planes interzafra y llevarlos al valor del salario mínimo del peón rural, extenderlo durante todo el período entre cosechas y garantizar obra social durante todo el año para los trabajadores temporarios, entre otros beneficios.
Este proyecto de ley también señala un problema de fondo: para garantizar trabajo todo el año es necesario reorganizar la economía provincial, planificando el uso de la tierra y de los recursos en función de las necesidades sociales y no de las ganancias de un puñado de empresarios.
3. Aumento de emergencia para las jubilaciones
Según el Censo 2022, en Tucumán hay casi 200.000 jubilados. Se estima que la mitad cobra el haber mínimo, que se ubica en 384.000 pesos incluyendo el bono. No llega a un cuarto del valor de la canasta básica del jubilado que elabora la defensoría y que en mayo era de 1,2 millones de pesos.
El gobierno de Milei viene de vetar por segunda vez, primero con la ayuda de los diputados de Jaldo, un proyecto de ley que implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación. Si la ley ya estuviera vigente, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $ 441.600, frente a los $379.355 que cobraron.
El costo de esta medida se estimaba en 0,3% del PBI. Un monto infimo comparado con los miles de millones de pesos que van a los bolsillos de los especuladores con títulos de la deuda pública y que hoy se están haciendo un festival con tasas que rondan el 60% anual y con la ventana abierta para dolarizar y fugar las ganancias. Los títulos públicos que emite el Gobierno generaron intereses por un aproximado de 29 billones de pesos; es más que lo que pagó en jubilaciones.
Desde el Frente de Izquierda acompañamos a los jubilados en sus movilizaciones de todos los miércoles frente al Congreso y planteamos que para imponer un aumento de las jubilaciones al nivel de la canasta de los jubilados es necesario que las burocracias sindicales rompan la tregua y llamen a un paro nacional y plan de lucha con movilizaciones en todo el país.