Las entidades aplicaron un descuento o haircut del 40% al Gobierno, por el cual el BCRA debió dejar bonos por u$s5.000 millones como garantía para recibir los u$s3.000 millones pactados.
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El REPO del BCRA con bancos internacionales le permitió al Gobierno pagar el vencimiento de deuda en dólares de enero.
Hace algunos días, el Banco Central (BCRA) concretó una operación de pase pasivo (REPO) con seis bancos internacionales de primera línea por u$s3.000 millones, en una maniobra que permitió blindar el pago de vencimientos de deuda por alrededor cerca de u$s4.300 millones que operaban el 9 de enero.
La transacción, anunciada el 7 de enero, se pactó a un plazo exacto de 372 días (con vencimiento a inicios de 2027) y con una tasa nominal del 7,4% anual, equivalente a SOFR más un spread promedio de 400 puntos básicos. En esa operación participaron entidades como Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, J.P. Morgan y Goldman Sachs. Según datos del mercado, la operación se estructuró en cuatro tramos distintos, con participación desigual entre los bancos.
Como garantía, el BCRA entregó parte de su tenencia de bonos soberanos en dólares bajo legislación local (Bonares 2035 y 2038, también conocidos como AL35 y AE38), títulos que habían sido canjeados recientemente al Tesoro. Aquí radica el detalle menos publicitado: los bancos aplicaron un descuento (haircut) del 40% sobre el valor de mercado de esos títulos como colateral.
En términos detallados, el haircut es un mecanismo de protección estándar en operaciones de REPO y financiamiento garantizado: representa el porcentaje por el cual se reduce el valor asignado al colateral para calcular cuánto efectivo se puede prestar contra él. Un haircut del 40% implica que, por cada u$s100 de valor de mercado (o valor de tasación) de los bonos entregados, los bancos solo reconocen y aceptan u$s60 como garantía efectiva. Esta reducción compensa el riesgo de que el valor de los bonos caiga (por volatilidad de mercado, default o downgrade crediticio) durante el plazo del préstamo, dejando al prestamista con un colchón de seguridad en caso de que el deudor no repague y el banco deba liquidar el colateral.
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En la práctica, para recibir u$s3.000 millones en efectivo fresco, el BCRA tuvo que entregar bonos cuyo valor de mercado (antes del haircut) fuera aproximadamente u$s5.000 millones nominales —es decir, un sobrecolateral del 66% adicional—, ya que el 60% del valor tasado debía cubrir los 3.000 millones prestados. Este nivel de haircut refleja la percepción de riesgo elevada que aún mantienen los acreedores privados sobre los activos argentinos, a pesar de la mejora relativa en las condiciones de financiamiento comparadas con operaciones similares cerradas en 2025 (que habían rondado tasas del 8,25% y 8,8%).
Analistas consultados sostienen que, si se incorpora este costo de oportunidad implícito —los u$s5.000 millones en bonos quedan inmovilizados durante el plazo de la operación, sin generar rendimiento adicional para el BCRA más allá de su cupón natural, mientras el país pagaba el 7,4% sobre los u$s3.000 millones recibidos—, la tasa efectiva real de la transacción superaría el 11% anual. Este ajuste surge de considerar el diferencial entre el colateral sobredimensionado y el efectivo neto obtenido, sumado al interés explícito: en esencia, el BCRA está “pagando” por inmovilizar un monto mayor de activos de bajo rendimiento para acceder a liquidez inmediata.
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Ambito
Adicionalmente, el BCRA recibió ofertas por u$s4.400 millones (superando en cerca del 50% el monto licitado), pero decidió adjudicar solo los u$s3.000 millones originales, sin ampliar la operación pese a la elevada demanda, en línea con proyecciones de fortalecimiento de reservas por otras vías.
El Gobierno efectivamente realizó el pago de los vencimientos el 9 de enero de 2026, utilizando una combinación de fondos del Tesoro, ingresos por privatizaciones (como las represas) y parte del efectivo fresco obtenido vía REPO, evitando así un default técnico en el arranque del año.
La operación no resuelve los problemas estructurales de solvencia ni de acceso pleno al crédito internacional, pero sí cumplió su objetivo táctico: sortear la presión inmediata y ganar tiempo mientras se acumulan reservas de otras fuentes (exportaciones, blanqueo, eventuales desembolsos multilaterales).
Para el resto de 2026, el calendario de vencimientos en moneda extranjera sigue siendo exigente: estimaciones oficiales y privadas (como las de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Morgan Stanley y consultoras locales) ubican los compromisos totales en torno a u$s19.500-20.000 millones, de los cuales ya se cubrió alrededor del 21% con el pago de enero.
Quedan pendientes pagos clave en julio (otro tramo similar de bonos soberanos por unos u$s4.200 millones), obligaciones netas con el FMI por cerca de u$s2.300-2.600 millones (con vencimientos mensuales distribuidos), y compromisos con otros multilaterales y acreedores oficiales.