En protestas desarrolladas a lo largo del 2025 y principios de este año, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplicaron estrategias de respuesta que han sido cuestionadas por expertos. Una de las más cuestionadas corresponde al uso de armas no letales por parte de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La implementación de esta táctica ha incrementado las denuncias contra los oficiales debido a los daños ocasionados a manifestantes, con consecuencias severas en casos documentados.
Los oficiales del ICE utilizan reiteradamente armas no letales en protestas contra las redadas migratorias, lo que infringe las normas de la agencia. Con base en más de dos docenas de videos analizados por CNN, encontró que los funcionarios violaban rutinariamente las políticas de uso de la fuerza de los organismos federales y locales en estos operativos.
Entre los casos más controvertidos se encuentran denuncias contra los oficiales por el despliegue de agentes químicos cerca de niños y numerosos incidentes en los que dispararon armas menos letales a la cabeza y el rostro de los manifestantes.
Como principal causa de este accionar, los expertos adujeron la falta de políticas y capacitaciones específicas de los organismos federales para los controles urbanos. Esto, junto con la retórica del presidente Donald Trump que alentaba confrontar a los protestantes, tuvo un resultado catastrófico.
En enero, el entonces comandante general de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Gregory Bovino, instó a los funcionarios a confrontar agresivamente a los manifestantes, con frases como “vamos a considerar enviar camiones cargados de agentes químicos”.
En esa línea, exfuncionarios citados por CNN señalaron que el mensaje desde la presidencia ha sido que “las reglas simplemente no se aplican”.
Como respuesta a las presiones, el DHS declaró en un comunicado que sus agentes están “altamente capacitados en tácticas de desescalada y reciben regularmente entrenamiento continuo en el uso de la fuerza”.
Luego, el organismo agregó que las armas menos letales se desplegaron en medio de un incremento de los ataques contra oficiales de inmigración y una “campaña de violencia” contra las fuerzas del orden.
“La Primera Enmienda protege la libertad de expresión y las reuniones pacíficas, no los disturbios. El DHS está tomando medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos”, señaló el DHS.
En esa línea, la entidad redobló la apuesta y sentenció: “Cualquiera que ponga la mano sobre nuestros funcionarios o intente obstruirlos comete un delito grave y un delito federal”.
En general, el ICE ordena a los agentes utilizar la fuerza “solo cuando no parezca existir una alternativa razonablemente efectiva, segura y factible”. No obstante, las restricciones no se cumplen en muchas ocasiones, ya que el uso queda en gran medida a discreción de cada funcionario.
Las armas calificadas como “menos letales” han causado daños permanentes debido a su uso incorrecto. En esta categoría entran:
Como resultado, se presentaron diversas denuncias contra el accionar de los oficiales. La fiscal Mary Moriarty inició una investigación penal sobre 17 casos de “comportamiento potencialmente ilegal” por parte de funcionarios federales. Esto incluye un hecho del 21 de enero en el que Bovino arrojó una bomba de gas hacia los manifestantes.
En Chicago, existe una demanda en curso por parte de la ciudad y el fiscal general de Illinois para limitar el uso de la fuerza de agentes de inmigración contra protestantes pacíficos.
Además, varios jueces federales emitieron órdenes preliminares para exigir que el DHS y sus dependencias cumplan con sus propias políticas de uso de la fuerza. En ese sentido, entre los casos documentados que menciona CNN se incluye: