El martes 17 de marzo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a través del sitio Fiscales.gob.ar publicó los datos actualizados -hasta el 12 de marzo inclusive- que revelan la impunidad de la represión cívico-militar-empresarial-eclesiástica, que incluye tanto al último gobierno peronista previo al golpe de Estado (1973-1976) como a la última dictadura militar (1976-1983).
En el informe leemos que actualmente solo hay 504 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de ese total 425 represores se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria.
Por otra parte, 61 genocidas cumplen su condena en la Unidad Penitenciaria N°34, ubicada en Campo de Mayo, ubicado en la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires. Vale aclarar que si bien formalmente es una “cárcel” -léase: cárcel VIP-, en los hechos es la «casa» de los genocidas, donde tienen todo tipo de privilegios.
Finalmente el dato más representativo de la impunidad que deja ver la actualización presentada, nos dice que solamente 18 represores se encuentran cumpliendo condena en diferentes cárceles comunes del país.
El informe publicado contiene una serie de datos realmente escalofriantes. Se analizan los resultados de los juicios que se reabrieron a partir de 2006 a la fecha. Allí leemos que desde la reapertura de los juicios los “tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250”.
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En este momento se están llevando a cabo 12 juicios. En el día de ayer comenzó el juicio por la “Masacre de Calle Corro”, ocurrido en septiembre de 1976 (el mismo se puede ver online).
Los represores masacraron a gran parte de la secretaría política de Montoneros y entre las víctimas se encontraba Vicky Walsh, la hija del reconocido escritor Rodolfo Walsh. Por su parte, Myriam Bregman -diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda-, es parte de la querella contra los genocidas.
Crímenes sexuales a las mujeres detenidas-desaparecidas
Además de golpes y torturas a los detenidos-desaparecidos también hay que sumar los delitos sexuales ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención.
Al día de hoy, solo se encuentran condenados 174 represores por violaciones y abusos sexuales durante el Terrorismo de Estado. En el informe citado leemos: “De acuerdo con las sentencias, el fenómeno criminal -que incluye la amplitud de conductas tipificadas que tienen como objeto la agresión sexual- tuvo como víctimas a 230 mujeres y a 40 varones” y agrega que “la procuraduría también informó que 45 personas que fueron acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas al cabo de los juicios”.
Impunidad biológica y democracia burguesa
Desde 1983, la democracia burguesa pactó con las cúpulas militares que fueron responsables de los 30 mil detenidos-desaparecidos. Hay nombres y apellidos concretos en la fabricación de la impunidad: los radicales de la UCR (Alfonsín/De la Rúa) y el peronismo del PJ (Menem y, pese a una sostenida retórica de defensa de los derechos humanos, también el kirchnerismo y Alberto Fernández), nunca abrieron los archivos del Terrorismo de Estado, sosteniendo un manto de impunidad desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983.
La apertura de los juicios luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y de los Indultos, no fue una concesión de ningún gobierno sino una conquista de la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.
Por otra parte, los gobiernos que a lo largo de 40 años no abrieron los archivos de la represión allanaron el camino para que hoy, se haya instalado cómodamente el negacionismo como política de Estado bajo el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Años neoliberales: La lucha contra los genocidas y el nacimiento del Ce.Pro.D.H.
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Las consecuencias del negacionismo del genocidio son graves para el pueblo trabajador, no solo de Argentina, sino también de todo el Cono sur americano, dado que el terrorismo de Estado no fue un hecho aislado, sino que fue parte del Plan Cóndor, orquestado por el imperialismo norteamericano para derrotar al movimiento obrero y popular que luchaba por una sociedad sin opresión ni explotación.
Todos los actores que aquí mencionamos fueron y son claves cuando revisamos el dato de la impunidad biológica: 1257 represores se llevaron los secretos de la dictadura a la tumba, mientras los archivos de la represión siguen ocultos y muchos fueron destruidos por los propios militares a la salida de la dictadura.
La impunidad como política de Estado
Los datos que aquí analizamos arrojan como resultado que la impunidad siempre fue una cuestión de Estado, lo que implica que más allá de que cambien los gobiernos de turno mediante el sufragio universal, los genocidas siempre salieron impunes.
Si pasamos en limpio los datos vemos que solo hay 504 represores detenidos. El número es escandaloso porque en la Argentina se registraron al menos 814 Centros Clandestinos de Detención, lo que arroja un saldo de apenas 1.6 represores por cada lugar de tortura, violaciones, golpes y muertes. Recomendamos visitar el sitio “Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos” que registra la represión entre 1974 y 1983, es decir que se incluye en el informe al último gobierno peronista que, vale recordar, solo con el accionar de la Triple A se cobró la vida de más de 1500 luchadores obreros y populares.
Este 24 de marzo al cumplirse 50 años del golpe genocida, millares de personas saldrán a las calles y plazas centrales en todo el país a luchar contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestro medio denuncia el ajuste del gobierno de Milei y los cómplices del peronismo que con gobernadores y parlamentarios garantizaron el ajuste en estos años y permiten que el negacionismo y la impunidad sean una cuestión de Estado.
La lucha por Memoria, verdad y justicia es cosa de todos los días, para homenajear y continuar la lucha de los 30 mil detenidos-desaparecidos, sumate a marchar en la columna independiente.