El juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona ha fallado a favor de los acreedores de Celsa y en contra de la familia Rubiralta, transfiriéndoles a los primeros la propiedad del gigante siderúrgico. Celsa dejará así de ser una de las principales empresas familiares catalanas y el control de este conglomerado de empresas industriales que emplea a 10.000 personas en España y factura 6.000 millones de euros anuales pasa a manos de los fondos.
El magistrado ha considerado probado y ajustado a la legalidad el plan de reestructuración que presentaron los fondos inversores, que cuentan actualmente con más de 2.000 millones de euros en deuda. «En una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica», reza la sentencia divulgada este lunes.
La entrada en vigor de la nueva ley concursal dio la oportunidad a varios fondos de inversión que prestaron dinero a los Rubiralta para cobrarse gran parte de esa deuda en acciones de la compañía. Y es que con la nueva normativa si los acreedores tienen un importe de deuda mayor que el valor de la compañía, pueden cobrarsela accediendo a la propiedad. El magistrado ha considerado que el plan de reestructuración que presentaron SVP Global, Deutschebank, Sculptor y Anchorage cumplía con esos requisitos legales y asegura la viabilidad del Grupo Celsa, algo de lo que desconfiaron durante el juicio tanto los Rubiralta como los sindicatos.